España va a votar el 29 de noviembre.
Y mientras empieza la competición electoral, cada bloque elige cuidadosamente qué parte de la realidad quiere mirar.
La derecha puede convertir Ceuta, la corrupción o la inmigración en el gran relato de campaña. La izquierda puede convertir la vivienda en el gran termómetro de la desigualdad.
Pero hay una palabra mucho menos cómoda para todos:
Inflación.
Porque cuando sube la comida, sube la gasolina, suben determinados bienes de consumo, sube el alquiler y comprar una vivienda se convierte en una operación cada vez más difícil, el problema no son únicamente cinco mercados independientes.
El problema es que el dinero compra menos.
Eso es inflación.
El Banco de España lo explica sin retórica: cuando aumenta el nivel general de precios, el dinero pierde valor y se reduce el poder adquisitivo.
Y el dato actual tampoco es exactamente anecdótico.
El INE sitúa el IPC adelantado de septiembre de 2026 en el 4,9% interanual, seis décimas más que en agosto. La inflación subyacente alcanza el 3,1%.
La discusión política, sin embargo, suele fragmentar el problema.
“Vivienda”.
“Combustibles”.
“Alimentos”.
“Salarios”.
“Impuestos”.
“Alquileres”.
Como si fueran incendios distintos.
No lo son necesariamente.
Son partes de una misma experiencia económica: la sensación de que trabajar, ahorrar y cobrar lo mismo ya no permite vivir igual.
Y aquí aparece la verdadera pregunta electoral.
No es simplemente izquierda contra derecha.
Es una discusión mucho más incómoda:
¿Qué hacemos con una sociedad que ha perdido poder adquisitivo y que exige protección?
Una posibilidad es ampliar el colchón público.
Más ayudas.
Más subvenciones.
Más regulación.
Más protección.
Más mecanismos para compensar al ciudadano.
Es una estrategia políticamente comprensible en un momento en el que las administraciones recaudan grandes cantidades y pueden redistribuir parte de esos recursos.
Pero tiene una paradoja.
Cuanto más solucionamos desde arriba los problemas cotidianos, más dependiente puede hacerse una sociedad de que alguien los solucione.
La otra opción es mucho más áspera.
Dejar que los precios, los salarios, la productividad, la inversión y la destrucción de empresas ineficientes hagan su trabajo.
Eso puede significar años de ajuste.
Incluso décadas.
Una macroeconomía no se repara en un discurso electoral.
Y aquí aparece el dilema que prácticamente nadie quiere formular:
¿Queremos un Estado que amortigüe cada golpe o una economía capaz de soportar los golpes sin necesitarlo?
La primera opción protege.
La segunda obliga a madurar.
La primera reduce el dolor inmediato.
La segunda puede exigir una generación.
Y ninguna de las dos sale gratis.
Porque también existe una forma infantil de entender la política económica: pensar que siempre hay alguien que puede pagar la factura.
El Estado.
El empresario.
El propietario.
El banco.
El contribuyente.
“El mercado”.
Europa.
El rico.
El otro.
Pero la factura siempre termina llegando a algún sitio.
En forma de impuestos.
De deuda.
De inflación.
De salarios que pierden capacidad de compra.
De vivienda inaccesible.
De ahorro que vale menos.
O de una economía que deja de crecer.
Por eso quizá la pregunta más importante de estas elecciones no sea quién promete solucionar la vivienda.
Ni quién grita más fuerte contra la corrupción.
Ni quién consigue convertir Ceuta en símbolo nacional.
La pregunta es mucho menos electoral y bastante más adulta:
¿Cómo recuperamos poder adquisitivo sin convertir a toda una sociedad en dependiente de la protección del Estado?
Porque una sociedad puede acostumbrarse a que le resuelvan los problemas.
Y también puede acostumbrarse a que nadie se los resuelva.
Entre ambos extremos está la política económica.
Y en medio hay una palabra que llevamos demasiado tiempo evitando:
Inflación.
