Pradales presenta el autogobierno como un escudo frente a la incertidumbre política. Pero ¿qué protege exactamente ese escudo, cuánto cuesta mantenerlo y qué sucedería si Euskadi decidiera cambiarlo?
La política suele presentar sus propuestas como una elección entre protección y amenaza. El problema es que esa forma de plantear el debate reduce el espacio para comparar alternativas. Si el autogobierno es la mejor defensa posible, necesitamos saber frente a qué riesgos, con qué resultados y a cambio de qué costes.
El lehendakari, Imanol Pradales, defiende el autogobierno vasco ante el avance de posiciones políticas contrarias al modelo territorial actual. Al mismo tiempo, el PNV reclama una posición fuerte para negociar un nuevo estatus político.
Hay una cuestión legítima detrás de esta posición: ¿puede una sociedad tomar mejores decisiones cuando dispone de mayor capacidad para gobernarse?
La respuesta no es necesariamente afirmativa. La proximidad al problema puede mejorar la respuesta, pero también puede reproducir ineficiencias, fragmentar recursos o proteger estructuras políticas que se resisten a cambiar. La centralización, por su parte, puede generar economías de escala, pero también alejar las decisiones de quienes conocen las necesidades locales.
Por eso, en lugar de aceptar que más autogobierno equivale automáticamente a más protección, conviene someter el modelo a tres simulaciones.
Tres escenarios posibles
Las siguientes simulaciones son prospectivas y cualitativas, no predicciones ni estimaciones de probabilidades. Comparan tres orientaciones institucionales y sus posibles consecuencias bajo determinadas condiciones.
ESCENARIO 1. Continuidad: mantener el modelo actual
Euskadi conserva su arquitectura institucional y sus competencias actuales, con mejoras graduales en la gestión y negociaciones puntuales con el Estado, pero sin una transformación sustancial del estatus político.
¿Qué podríamos ganar?
- Estabilidad institucional y menor incertidumbre durante la transición.
- Continuidad de las políticas públicas y de los mecanismos de financiación existentes.
- Menor coste político y administrativo inmediato que una reforma profunda.
- Tiempo para corregir ineficiencias sin abrir una negociación institucional de gran alcance.
¿Qué podríamos perder?
- Oportunidades para modernizar competencias que hayan quedado desfasadas.
- Capacidad de anticipación ante problemas que requieran nuevas herramientas jurídicas o administrativas.
- La posibilidad de corregir bloqueos estructurales que la negociación incremental no consiga resolver.
- Credibilidad política si se promete una evolución del autogobierno que nunca se materializa.
¿Qué podría salir mal?
Que la estabilidad se convierta en inmovilismo. Las instituciones seguirían funcionando, pero podrían terminar confundiendo la conservación del modelo con la demostración de que el modelo funciona.
Condición de éxito: establecer objetivos públicos de eficiencia, calidad de los servicios, productividad administrativa y satisfacción ciudadana. Continuar solo sería una estrategia sólida si los resultados justifican la continuidad.
ESCENARIO 2. Profundización: negociar un nuevo estatus político
Euskadi amplía o redefine sus capacidades de decisión mediante un acuerdo político y jurídico con el Estado. El alcance dependería de las competencias negociadas, su encaje constitucional, la financiación y los mecanismos de cooperación.
¿Qué podríamos ganar?
- Mayor capacidad para adaptar determinadas políticas a las necesidades del territorio.
- Más margen para diseñar estrategias industriales, tecnológicas, educativas o sociales de largo plazo, dentro de las competencias efectivamente adquiridas.
- Mayor claridad sobre las responsabilidades de cada Administración si el acuerdo delimita bien las competencias.
- Una oportunidad para simplificar procedimientos y reducir duplicidades.
- Mayor capacidad de negociación institucional si el nuevo marco incorpora mecanismos eficaces de cooperación.
¿Qué podríamos perder?
- Tiempo y recursos políticos dedicados a una negociación compleja.
- Flexibilidad presupuestaria si las nuevas responsabilidades no vienen acompañadas de financiación suficiente.
- Eficiencia si se crean nuevas estructuras administrativas sin eliminar las anteriores.
- Capacidad de coordinación con el Estado si las competencias quedan mal delimitadas.
- Confianza ciudadana si las expectativas creadas superan los resultados reales.
¿Qué podría salir mal?
Que se consiga más poder formal sin mejorar la capacidad operativa. Una competencia transferida no es, por sí misma, una mejora del servicio: necesita personal, datos, financiación, coordinación y evaluación.
También podría ocurrir que el nuevo estatus aumentara la complejidad institucional y que sus beneficios se distribuyeran de manera desigual entre sectores sociales.
Condición de éxito: vincular cada nueva competencia a una memoria económica, objetivos medibles, responsables identificables, mecanismos de auditoría y una evaluación independiente de sus resultados.
La pregunta crítica no sería cuánto autogobierno adicional se consigue, sino cuánto valor público adicional produce.
ESCENARIO 3. Recentralización: reducir o uniformizar competencias
El Estado recupera determinadas competencias o impone una mayor uniformidad normativa y administrativa. El alcance dependería de las decisiones políticas y de los procedimientos jurídicos necesarios; no implicaría automáticamente la desaparición del autogobierno vasco.
¿Qué podríamos ganar?
- Mayor uniformidad normativa en los ámbitos afectados.
- Posibles economías de escala en servicios, compras, plataformas tecnológicas o sistemas de información compartidos.
- Menores costes de coordinación en determinados procedimientos.
- Una planificación estatal más integrada en políticas que requieran actuar a gran escala.
- Más facilidad para comparar resultados entre territorios cuando se utilicen criterios comunes.
¿Qué podríamos perder?
- Capacidad de adaptar las políticas a las particularidades económicas, lingüísticas, sociales y territoriales de Euskadi.
- Proximidad en determinadas decisiones y menor capacidad de respuesta ante necesidades específicas.
- Experimentación institucional: algunas soluciones locales podrían dejar de desarrollarse.
- Poder de negociación del Gobierno vasco en los ámbitos afectados.
- Confianza política si el cambio se percibe como impuesto y no como fruto de un acuerdo.
¿Qué podría salir mal?
Que la uniformidad se confunda con la eficiencia. Aplicar una misma solución a territorios diferentes puede simplificar la gestión formal y, al mismo tiempo, empeorar los resultados reales.
También podría producirse un aumento de la distancia entre la Administración que decide y la población que soporta las consecuencias.
Condición de éxito: demostrar que las competencias centralizadas producen mejoras verificables, mantener mecanismos de adaptación territorial y evitar que la reducción de estructuras genere más burocracia en otro nivel administrativo.
La pregunta crítica sería qué funciones conviene coordinar a escala estatal y cuáles funcionan mejor cerca de los ciudadanos.
Comparación: ¿qué futuro ofrece más valor?
| Criterio | 1. Continuidad | 2. Más autogobierno | 3. Recentralización |
|---|---|---|---|
| Estabilidad inmediata | Potencialmente alta | Depende de la negociación | Depende de cómo se aplique |
| Adaptación territorial | Se mantiene | Puede aumentar | Puede reducirse |
| Economías de escala | Limitadas a la estructura actual | Dependen del diseño | Posibles en funciones compartidas |
| Complejidad administrativa | Se conserva la existente | Puede aumentar o disminuir | Puede reducirse o trasladarse |
| Riesgo principal | Inmovilismo | Más poder sin más eficacia | Uniformidad inadecuada |
| Condición decisiva | Mejorar lo existente | Financiar y evaluar lo nuevo | Justificar qué se centraliza |
No existe un ganador automático. La continuidad puede ser preferible a una reforma mal diseñada; una ampliación competencial puede ser útil si resuelve problemas concretos; y una gestión compartida puede resultar más eficiente cuando las economías de escala sean reales.
La comparación exige medir los resultados de cada alternativa con indicadores comunes y reconocer que los beneficios y costes no se distribuyen necesariamente por igual entre ciudadanos, empresas, sectores y generaciones.
La variable que falta: ¿quién gana y quién paga?
El debate institucional suele concentrarse en quién tiene la competencia, pero esa pregunta es incompleta. También importa quién financia el servicio, quién lo ejecuta, quién responde cuando falla y quién puede corregirlo.
Una Administración puede disponer de más competencias y seguir prestando un servicio deficiente. Otra puede gestionar menos competencias y obtener buenos resultados mediante acuerdos de cooperación. La estructura institucional condiciona la eficacia, pero no la garantiza.
Por eso, antes de negociar un nuevo estatus, sería razonable publicar una evaluación que identifique:
- El coste real de cada competencia y su financiación.
- Las duplicidades administrativas y los procedimientos que podrían desaparecer.
- Los resultados comparables en educación, sanidad, industria, innovación y servicios sociales.
- Los tiempos de respuesta, la calidad y el coste por usuario.
- Los efectos distributivos: quién se beneficia, quién asume los costes y qué desigualdades podrían aumentar.
- Los mecanismos para revisar o revertir decisiones que no alcancen sus objetivos.
Esta información permitiría discutir el autogobierno como una herramienta institucional, no únicamente como un símbolo de identidad o un argumento de confrontación electoral.
La crítica política: el miedo no sustituye a la evaluación
Presentar el autogobierno como un escudo frente a Vox puede movilizar apoyos, pero también puede desplazar el debate desde los resultados hacia la amenaza que representa un adversario.
Eso no demuestra que la advertencia sea falsa ni que los riesgos políticos sean irrelevantes. Significa que una advertencia electoral no constituye, por sí misma, una evaluación de políticas públicas.
Una democracia madura debe poder defender sus instituciones y, simultáneamente, examinar sus defectos. Si toda crítica al modelo se interpreta como una amenaza a la comunidad, desaparece una herramienta fundamental para mejorarlo: la posibilidad de comparar, corregir y sustituir aquello que no funciona.
El mismo criterio debe aplicarse a quienes defienden una mayor centralización. La uniformidad tampoco puede utilizarse como sinónimo automático de eficacia.
El debate debería abandonar dos equivalencias igualmente débiles: más autogobierno no significa necesariamente más bienestar, y más centralización no significa necesariamente más eficiencia.
Conclusión: no elegir un escudo, sino diseñar una capacidad de respuesta
El futuro institucional de Euskadi no debería medirse únicamente por la cantidad de poder que conserva o adquiere, sino por su capacidad para transformar ese poder en mejores resultados.
El autogobierno tiene valor cuando permite decidir mejor. La coordinación estatal tiene valor cuando permite resolver mejor los problemas que superan la escala territorial. La continuidad tiene valor cuando preserva lo que funciona y corrige lo que no.
La discusión relevante no es qué modelo merece una adhesión incondicional, sino qué combinación institucional produce mejores resultados, con qué costes y bajo qué mecanismos de control.
Una institución fuerte no es la que acumula más poder ni la que promete más protección. Es la que puede demostrar qué problemas resuelve, cuánto cuesta hacerlo y cómo corrige sus propios errores.
INAT plantea
Si Euskadi tuviera que elegir hoy entre conservar el modelo actual, ampliar el autogobierno o transferir determinadas competencias a una gestión estatal compartida, ¿qué indicadores deberían determinar la decisión?
Y una pregunta todavía más incómoda: si los datos demostraran que una competencia funciona mejor en otro nivel administrativo, ¿estarían dispuestos sus defensores a cambiar de opinión?
Porque la verdadera prueba de madurez institucional no consiste en defender un modelo contra cualquier alternativa, sino en aceptar que ningún modelo debería estar por encima de los resultados que produce.
