Durante setenta años Maricarmen vivió en el mismo piso.
Después hicieron falta:
una empresa inmobiliaria
cuatro intentos de desahucio
una resolución judicial
policía
una camilla
una hospitalización
manifestaciones
una acampada en Sol
dos reales decretos
una votación parlamentaria
unas elecciones anticipadas
y medio país discutiendo sobre el derecho de propiedad
para llegar a una conclusión absolutamente revolucionaria:
quizá una mujer de 87 años debería haber podido terminar sus días en la casa donde había vivido toda su vida.
Hoy Maricarmen Abascal ha muerto en el Hospital Gregorio Marañón.
Tenía 87 años.
Fue desahuciada el 23 de septiembre del piso madrileño en el que residía desde 1956 y permanecía hospitalizada desde entonces. Reuters
Y aquí viene la parte especialmente cruel de la historia.
Maricarmen había ganado.
O al menos había conseguido lo que llevaba años intentando conseguir.
Volver a casa.
Urbagestión, propietaria del inmueble, había alcanzado un acuerdo con sus representantes para ofrecerle un nuevo contrato de ocho años por una renta aproximada de 500 euros mensuales, limitada al 30% de sus ingresos. El País
Hoy debía avanzar la formalización de ese regreso.
Murió antes.
El sistema encontró finalmente una solución cuando ya prácticamente no quedaba nadie a quien solucionar el problema.
Legal.exe funcionó perfectamente
Y esto es quizá lo más incómodo.
Porque el caso de Maricarmen no necesita una conspiración.
Necesita algo bastante más aterrador.
Que casi todo pudiera ser legal.
Maricarmen vivía bajo un contrato antiguo que había sido subrogado dentro de su familia. La empresa Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y posteriormente discutió judicialmente la validez de aquella segunda subrogación.
Maricarmen ganó inicialmente.
Después perdió en la Audiencia Provincial.
El Supremo no revisó el caso.
Finalmente llegó la orden de lanzamiento. El País
La maquinaria hizo lo que hacen las máquinas.
Ejecutar reglas.
Expediente.
Procedimiento.
Resolución.
Fecha.
Lanzamiento.
Fin.
Solo apareció un pequeño bug.
Dentro del expediente había una persona.
Una mujer se convirtió en una variable económica
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre renta y gastos.
Su pensión rondaba los 1.350-1.400 euros.
Antes del desalojo, las cifras publicadas sobre la nueva renta exigida por la propiedad variaron según las informaciones entre aproximadamente 1.650 y 2.650 euros mensuales. El País
Da casi igual cuál de las dos cifras tomemos.
Las matemáticas son sencillas.
No podía pagarlo.
Y esa es una de las características más interesantes del mercado inmobiliario moderno.
Una vivienda puede mantener exactamente:
las mismas paredes
el mismo ascensor
la misma cocina
la misma ventana
la misma calle
y el mismo inquilino
pero su valor económico puede transformarse radicalmente porque alrededor cambió algo llamado:
mercado.
El edificio no aprendió inteligencia artificial.
No produce más.
No trabaja mejor.
No genera más metros cuadrados.
Simplemente está en Madrid.
Y Madrid vale más.
La paradoja del ladrillo
Aquí empieza una discusión mucho mayor que Maricarmen.
Porque existen dos principios que nuestras sociedades intentan mantener simultáneamente.
Uno:
la propiedad privada debe protegerse.
Dos:
la vivienda cumple una función social.
La Constitución española contiene ambos.
El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada.
El artículo 47 establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y ordena a los poderes públicos impedir la especulación del suelo.
Y cuando ambos principios colisionan delante de una puerta aparecen todos nuestros problemas filosóficos convertidos en una comisión judicial.
¿Hasta dónde llega el derecho del propietario?
¿Hasta dónde llega el derecho del inquilino?
¿Debe alguien mantener indefinidamente una renta inferior al mercado?
¿Debe una persona de 87 años abandonar su hogar porque el mercado ahora está dispuesto a pagar más?
¿Quién asume la diferencia?
¿El propietario?
¿El Estado?
¿La sociedad?
Todas son preguntas legítimas.
El problema es que nosotros solemos resolverlas de una manera extraordinariamente eficiente.
Esperamos hasta que aparezca una anciana en una camilla y entonces empezamos el debate.
Maricarmen necesitó convertirse en contenido
Hasta el 23 de septiembre era una inquilina.
Después apareció una imagen.
Una mujer de 87 años saliendo de su vivienda.
En camilla.
Y entonces ocurrió la magia contemporánea.
Maricarmen dejó de ser expediente.
Se convirtió en:
vídeo
titular
hashtag
símbolo
manifestación
argumento parlamentario
La movilización posterior llenó las calles de Madrid y produjo la acampada de la Puerta del Sol. Reuters
Y repentinamente todo aquello que parecía jurídicamente imposible empezó a convertirse en negociable.
Cinco días después del desahucio hubo acuerdo.
Ocho años.
Alquiler asequible.
Regreso a casa.
Curiosamente, la realidad empezó a ser flexible exactamente cuando apareció suficiente gente mirando.
Plot twist: sí había solución
Esta quizá sea la parte más difícil de digerir.
La solución final demuestra que una solución existía.
No era necesario nacionalizar Madrid.
No era necesario abolir la propiedad privada.
No era necesario entregar las llaves del país al Sindicato de Inquilinas.
Propiedad, representantes de Maricarmen y Ayuntamiento terminaron encontrando una fórmula contractual ordinaria: ocho años y una renta vinculada a sus ingresos. Servimedia
La pregunta evidente es:
¿por qué después?
¿Por qué después de la policía?
¿Por qué después de la camilla?
¿Por qué después del hospital?
¿Por qué después de convertir una vida privada en una crisis política nacional?
Aquí es donde la burocracia tiene una capacidad impresionante.
Puede hacer que una solución sencilla parezca imposible hasta que el coste político de no encontrarla supera el coste de encontrarla.
Después llegó el decreto
El Gobierno convirtió el caso en símbolo explícito de sus nuevas medidas sobre vivienda.
La propia ministra Isabel Rodríguez afirmó al presentar los reales decretos del 29 de septiembre que el Ejecutivo tenía la oportunidad de impedir que volviera a producirse un caso como el de Maricarmen. La Moncloa
Las normas incluían, entre otras medidas:
protección reforzada frente a determinados desahucios de personas vulnerables
prórrogas extraordinarias de alquiler
regulación de alquileres temporales y por habitaciones
restricciones a determinadas operaciones consideradas especulativas
y una propuesta separada para ampliar la estabilidad contractual de los arrendamientos Newtral
El Congreso votó.
Y tumbó los dos decretos.
172 contra 178.
166 contra 184. Cadena SER
Después llegó una crisis política.
Elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
Después el Gobierno volvió a aprobar medidas de vivienda el 6 de octubre para intentar llevarlas a la Diputación Permanente. Cinco Días
Y hoy murió Maricarmen.
Catorce días.
Eso ha necesitado una mujer de 87 años para pasar de ser una inquilina desconocida a alterar la agenda política española.
Ahora todos querrán quedarse con Maricarmen
Empieza la segunda fase.
La apropiación.
Unos dirán:
Maricarmen demuestra que el mercado inmobiliario está roto.
Otros:
Maricarmen está siendo utilizada políticamente.
Otros:
el problema es la falta de vivienda.
Otros:
el problema son los fondos.
Otros:
el problema son las leyes de alquiler.
Otros:
el problema son los políticos.
Y probablemente todos encontrarán una parte de la historia que pueda convertirse en argumento para aquello que ya pensaban antes de conocer a Maricarmen.
Eso también hacemos muy bien.
Convertir personas en munición ideológica.
El presidente Pedro Sánchez ha expresado hoy sus condolencias y representantes de varias formaciones políticas han reaccionado a la muerte. Algunos dirigentes han atribuido responsabilidades políticas o sistémicas al desenlace, mientras otros han pedido expresamente evitar la instrumentalización del caso. Cadena SER
Y aquí conviene separar indignación de causalidad.
Maricarmen estaba en un estado de salud delicado y permanecía hospitalizada desde el desahucio.
Su abogada sostiene que el proceso deterioró profundamente su situación y considera que el desenlace podría haber sido distinto si el lanzamiento se hubiera suspendido. Cadena SER
Pero no hay base pública suficiente para afirmar médicamente que el desahucio fue la causa directa de su muerte.
Decirlo como hecho sería convertir una tragedia en propaganda.
No hace falta.
La historia ya es suficientemente brutal sin inventarle nada.
Porque el problema sigue existiendo aunque Maricarmen hubiera vivido
Eso es importante.
El escándalo no debería depender de que una persona muera.
Imaginemos otra versión.
Maricarmen recibe el alta.
Regresa a casa.
Celebra con sus vecinos.
Vive cinco años más.
Final feliz.
¿Desaparece entonces el problema?
No.
Seguiríamos teniendo que preguntarnos cómo una persona de 87 años puede atravesar cuatro intentos de desahucio antes de que instituciones, propiedad y sociedad encuentren una alternativa.
La muerte añade tragedia.
No crea el problema.
Y tampoco deberíamos construir una ley para una persona
Esta es otra trampa.
Las buenas políticas públicas no deberían diseñarse porque una historia nos emocione.
Precisamente deberían existir antes de que aparezca la historia.
Necesitamos reglas capaces de responder también cuando el afectado no sea:
una anciana simpática
una persona con setenta años en el mismo barrio
alguien que aparezca bien en televisión
o un caso capaz de movilizar miles de personas
Porque detrás de Maricarmen existen otros casos mucho menos televisivos.
Familias.
Jóvenes.
Separados.
Migrantes.
Pensionistas.
Trabajadores.
Propietarios pequeños atrapados también en conflictos económicos.
Personas con historias demasiado complejas para caber en un hashtag.
La política pública empieza precisamente allí donde termina la capacidad de una historia individual para emocionarnos.
Este era el verdadero decreto Maricarmen
Quizá nunca fue solamente un texto jurídico.
Fue una pregunta.
¿Qué vale más cuando una casa se convierte simultáneamente en hogar y activo financiero?
Para Maricarmen era:
setenta años.
Vecinos.
Rutinas.
Memoria.
Su cama.
Su barrio.
Su vida.
Para el propietario era también otra cosa.
Un activo.
Una renta.
Una propiedad.
Un precio de mercado.
Ambas realidades pueden existir simultáneamente.
Nuestro problema empieza cuando fingimos que una elimina automáticamente a la otra.
La vivienda es precisamente difícil porque mezcla dos cosas extremadamente poderosas:
dinero y hogar.
Y cuando el precio de ambas empieza a separarse demasiado, alguien termina pagando la diferencia.
Hemos convertido el derecho a vivir en una guerra semántica
“Propietario.”
“Inquilino.”
“Fondo buitre.”
“Vulnerable.”
“Okupa.”
“Especulador.”
“Rentista.”
“Derecho.”
“Mercado.”
Cada palabra activa automáticamente un equipo.
Y dejamos de mirar el problema.
España necesita propietarios que quieran alquilar.
Necesita seguridad jurídica.
Necesita construir mucha más vivienda donde existe demanda.
Necesita vivienda pública.
Necesita movilidad residencial.
Necesita proteger a personas vulnerables.
Necesita evitar incentivos perversos.
Necesita que invertir en vivienda no sea necesariamente una guerra contra quien vive dentro.
Todas esas cosas pueden ser ciertas simultáneamente.
Pero eso es demasiado largo para una pancarta.
Maricarmen murió esperando volver
El acuerdo estaba.
Sus cosas continuaban dentro de la vivienda.
Ella había aceptado regresar.
Y según la información publicada hoy, murió pocas horas antes de completar la firma del nuevo contrato que debía permitirle hacerlo. El País
Hay pocas metáforas más perfectas sobre nuestra manera de gestionar los problemas públicos.
Primero negamos que exista el problema.
Después discutimos quién tiene la culpa.
Después dejamos que escale.
Después aparecen las cámaras.
Después nos indignamos.
Después legislamos.
Después votamos.
Después tumbamos la legislación.
Después la volvemos a aprobar.
Después convocamos elecciones.
Y finalmente descubrimos que el calendario humano funcionaba a otra velocidad.
Maricarmen tenía 87 años.
El Estado tenía tiempo.
El mercado tenía tiempo.
Los tribunales tenían tiempo.
Los partidos tenían tiempo.
Ella no.
Y quizá esa sea toda la noticia.
No que haya muerto Maricarmen.
Sino que cuando finalmente conseguimos discutir seriamente cómo impedir que existan más Maricármenes,
a Maricarmen ya no le servía de nada. El País
