¿Y si el próximo partido no quisiera gobernar España, sino reconstruirla?
Imagina un partido político que no empieza diciendo:
somos de izquierdas
somos de derechas
somos liberales
somos conservadores
somos socialdemócratas
somos patriotas
Empieza con otra frase.
El sistema operativo del Estado está obsoleto.
No quiere ganar unas elecciones para ocupar la máquina.
Quiere abrirla.
Desmontarla.
Entender por qué tiene esas piezas.
Eliminar algunas.
Conectar otras.
Y volver a montarla.
No propone una reforma fiscal.
Propone revisar cómo existe fiscalmente el Estado.
No propone digitalizar trámites.
Pregunta por qué esos trámites siguen existiendo.
No quiere contratar mejor.
Quiere replantear qué significa contratar desde lo público.
No quiere discutir solamente cuánto dinero recibe un ayuntamiento.
Quiere preguntarse por qué determinadas competencias están en un ayuntamiento, otras en una diputación, otras en una comunidad autónoma, otras en un ministerio y otras repartidas entre cuatro administraciones que después necesitan una comisión para hablar entre ellas.
No quiere:
gestionar mejor España.
Quiere:
rediseñar la arquitectura sobre la que España se gestiona.
Partido.exe
Durante décadas la política democrática ha funcionado aproximadamente así.
Unos quieren:
más impuestos
más redistribución
más intervención pública
Otros:
menos impuestos
más mercado
menos regulación
Después llegan las elecciones.
Uno gana.
Mueve algunas palancas.
Cuatro años después llega otro.
Las mueve hacia el otro lado.
Pero casi nadie toca el cuadro eléctrico.
La Administración permanece.
Las capas permanecen.
Los procedimientos permanecen.
Las incompatibilidades permanecen.
Los formularios permanecen.
Las instituciones permanecen.
Los sistemas informáticos permanecen.
La forma de elaborar un presupuesto permanece.
El nuevo partido partiría de una pregunta bastante más incómoda.
¿Y si el problema no está solamente en las políticas que ejecutamos, sino en la máquina con la que intentamos ejecutarlas?
España funciona sobre código escrito durante décadas
No código informático.
Código institucional.
La Constitución de 1978.
Estatutos de autonomía.
Leyes orgánicas.
Leyes estatales.
Leyes autonómicas.
Reglamentos.
Ordenanzas.
Procedimientos.
Jurisprudencia.
Sistemas administrativos.
Miles de estructuras superpuestas.
Eso no significa que todo esté mal.
Muchísimas de esas capas existen por buenas razones:
garantías
control del poder
igualdad
seguridad jurídica
autonomía territorial
transparencia
derechos
Pero cada nueva solución institucional tiende a añadir algo.
Muy pocas veces elimina.
Resultado:
el Estado acumula historia.
Y la historia pesa.
Primera propuesta: reformar la Constitución
Aquí termina rápidamente la fantasía de las redes sociales.
Porque “reescribir la Constitución” no significa:
ganar unas elecciones
abrir Word
hacer una encuesta en Twitter
y pulsar guardar.
Una revisión total de la Constitución española tendría que seguir el procedimiento agravado del artículo 168.
Primero necesitaría el apoyo de dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado.
Después se disolverían inmediatamente las Cortes.
Habría elecciones.
Las nuevas Cámaras tendrían que ratificar el proceso.
El nuevo texto tendría que conseguir nuevamente dos tercios en ambas cámaras.
Y finalmente tendría que aprobarse en referéndum.
Es probablemente uno de los procedimientos políticos más difíciles que existen en España.
Y esa es precisamente la idea.
Una Constitución no debería poder reescribirse porque un partido tuvo una buena noche electoral.
Pero imaginemos que existe ese consenso
¿Qué se revisaría?
Aquí es donde el nuevo partido dejaría de hablar como un partido convencional.
No empezaría discutiendo exclusivamente derechos o símbolos.
Empezaría por algo muchísimo menos emocionante.
Arquitectura.
¿Qué debe hacer el Estado?
¿Qué debe hacer una comunidad autónoma?
¿Qué debe hacer una diputación?
¿Qué debe hacer un ayuntamiento?
¿Qué debe hacerse una sola vez para todo el país?
¿Qué necesita adaptarse territorialmente?
¿Qué competencias están duplicadas?
¿Qué servicios podrían funcionar como infraestructuras comunes?
¿Qué decisiones tienen sentido cerca del ciudadano?
¿Qué decisiones necesitan escala?
Esto no es:
centralizar todo.
Ni:
descentralizar todo.
Es algo potencialmente más radical:
dejar de considerar la estructura territorial como un dogma y empezar a tratarla como un problema de diseño institucional.
Competencias según función, no según tradición
Imagina que cada competencia pública tuviera que superar una prueba.
Primera pregunta:
¿a qué escala funciona mejor?
Segunda:
¿necesita adaptación local?
Tercera:
¿genera economías de escala?
Cuarta:
¿necesita interoperabilidad nacional?
Quinta:
¿qué administración puede rendir cuentas mejor por ella?
El resultado podría ser extraño.
Algunas competencias subirían.
Otras bajarían.
Otras desaparecerían.
Otras serían compartidas.
Pero compartidas de verdad.
No:
cuatro organismos trabajando sobre lo mismo.
Sino:
una plataforma común, una responsabilidad clara y diferentes niveles de ejecución.
Gobierno como arquitectura.
No como organigrama.
Segundo: matar el trámite
La Administración digital actual comete a veces un error precioso.
Toma un procedimiento diseñado en 1997.
Lo convierte en PDF.
Le añade certificado digital.
Y anuncia:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
No.
Eso es burocracia con WiFi.
La pregunta correcta no debería ser:
“¿Cómo digitalizamos este trámite?”
Sino:
“¿Por qué existe?”
Y después:
“¿Puede desaparecer?”
“¿Puede automatizarse?”
“¿Puede resolverse intercambiando datos entre administraciones?”
“¿Por qué el ciudadano debe demostrar al Estado algo que el propio Estado ya sabe?”
Aquí España no parte de cero.
La OCDE sitúa actualmente al país por encima de la media de sus miembros en gobierno digital, con resultados especialmente altos en diseño digital, uso de datos y servicios proactivos. También señala, sin embargo, margen de mejora en apertura y transparencia.
Así que el relato de:
“España vive en la Edad de Piedra administrativa”
sería falso.
La pregunta interesante es otra.
Si ya tenemos buena infraestructura digital:
¿podemos pasar de digitalizar el Estado a rediseñarlo?
Imagina una Administración que no pide documentos
Nacimiento.
El sistema actualiza automáticamente derechos y servicios asociados.
Creas una empresa.
Las administraciones relevantes comparten la información.
Cambias de domicilio.
Un cambio.
No ocho comunicaciones.
Solicitas una ayuda.
El sistema conoce, con autorización y garantías adecuadas, los datos que ya posee el sector público.
No tienes que volver a subir:
DNI
empadronamiento
certificados
declaraciones
documentos que otra Administración emitió hace seis meses
El principio sería sencillo:
el ciudadano no trabaja gratis como API entre instituciones públicas.
Si dos administraciones necesitan hablar:
que hablen.
Tercero: reconstruir cómo gastamos el dinero
Aquí empieza probablemente la parte más delicada.
Los presupuestos públicos suelen organizarse mediante:
capítulos
programas
departamentos
partidas
competencias
ejercicios fiscales
Todo necesario para controlar el dinero.
Pero controlar no es lo mismo que entender.
El partido hipotético podría proponer algo diferente.
Cada euro público debería poder responder digitalmente a varias preguntas.
¿De dónde salió?
¿Quién decidió gastarlo?
¿Para qué objetivo?
¿Quién lo recibió?
¿Qué contrato lo justificó?
¿Qué resultado produjo?
No solamente contabilidad.
Trazabilidad.
Una especie de:
GitHub del dinero público.
No para convertir la Administración en una blockchain absurda.
Sino para poder navegar desde:
100 millones aprobados en un presupuesto
hasta:
cada programa
cada contrato
cada modificación
cada adjudicación
cada indicador
cada resultado
Con datos públicos cuando legalmente corresponda.
Y controles reforzados donde haya información sensible.
Porque publicar un PDF de 800 páginas no es transparencia
Técnicamente puedes acceder a muchísima información pública.
Fantástico.
Ahora intenta entenderla.
La transparencia del futuro tendría que ser:
consultable
estructurada
comparable
machine-readable
auditable
visual
y accesible
No:
“aquí tienes un PDF, ciudadano. Buena suerte.”
La OCDE lleva años vinculando precisamente la modernización de compras públicas, presupuestos, regulación y gobierno digital con una mejor capacidad del Estado para producir resultados.
Cuarto: refundar la contratación pública
La Ley de Contratos del Sector Público intenta resolver un problema difícil:
que las administraciones gasten dinero público garantizando concurrencia, publicidad, igualdad, integridad y control.
Todo eso importa.
Muchísimo.
Pero ahora imagina diseñar el sistema desde cero para 2035.
¿Seguiríamos construyéndolo exactamente igual?
Probablemente no.
Porque la contratación moderna necesita comprar cosas que cambian rapidísimo:
software
IA
ciberseguridad
servicios digitales
innovación
prototipos
tecnología experimental
Y el Estado necesita simultáneamente:
ser rápido
ser justo
evitar corrupción
no favorecer empresas concretas
permitir competir a pymes
medir calidad
y no comprar basura
Bonito rompecabezas.
Contratación pública como sistema operativo
En lugar de miles de organizaciones resolviendo continuamente el mismo problema, podrías imaginar:
catálogos públicos compartidos
contratos modulares
identidad empresarial interoperable
documentación reutilizable
evaluaciones técnicas trazables
datos históricos de ejecución
indicadores abiertos
sistemas antifraude basados en análisis de patrones
IA asistiendo, no sustituyendo, decisiones administrativas
mercados dinámicos para determinados servicios
procesos específicos para innovación
y mecanismos mucho más simples para compras pequeñas
No se trataría de:
quitar controles.
Se trataría de conseguir algo bastante más difícil.
Más velocidad y más control a la vez.
Quinto: dejar de presupuestar únicamente organizaciones
Presupuestar problemas.
Esto sería un cambio conceptual enorme.
Hoy existe:
Ministerio X.
Departamento Y.
Programa Z.
El nuevo enfoque preguntaría:
¿Qué resultado queremos?
Por ejemplo:
reducir abandono escolar
mejorar productividad
reducir listas de espera
aumentar vivienda disponible
reducir emisiones
mejorar empleabilidad juvenil
Después:
¿qué administraciones participan?
¿Qué dinero existe?
¿Qué datos necesitamos?
¿Qué funciona?
¿Qué no?
¿Quién responde por el resultado?
Porque uno de los grandes problemas de los sistemas complejos es que puede ocurrir algo bastante absurdo.
Todos ejecutan correctamente su competencia y el problema sigue sin resolverse.
Sexto: ministros que no posean información
Esto suena raro.
Pero piensa.
Cada cambio de Gobierno puede implicar:
nuevas prioridades
nuevos equipos
nuevos cargos
nuevos sistemas
nuevas estrategias
La infraestructura crítica del Estado debería ser diferente.
Los datos públicos.
Los estándares.
Las APIs.
Los registros.
Las plataformas comunes.
La identidad digital.
Los sistemas de contratación.
La evaluación.
Todo eso debería funcionar como infraestructura institucional relativamente estable.
Gobierne quien gobierne.
Como las carreteras.
Solo que digitales.
La política decide dónde vamos.
La infraestructura garantiza que el vehículo arranca.
Séptimo: inteligencia artificial pública
Aquí aparecería inmediatamente el miedo.
“¿Una IA gobernando?”
No.
Eso sería otra cosa.
La idea sería utilizar inteligencia artificial como infraestructura auxiliar.
Detectar fraude.
Resumir expedientes.
Encontrar duplicidades.
Simular políticas.
Identificar normativa contradictoria.
Analizar compras.
Traducir.
Atender consultas.
Reducir carga administrativa.
Buscar anomalías presupuestarias.
Ayudar a funcionarios.
Pero existen decisiones que probablemente deberían permanecer inequívocamente humanas.
Derechos.
Sanciones.
Justicia.
Decisiones políticas.
Asignaciones delicadas.
Criterios distributivos.
Porque tecnología al servicio de lo colectivo no significa:
tecnocracia automática.
Significa utilizar mejores herramientas manteniendo responsabilidad democrática.
Y aquí aparece el problema del partido “sin ideología”
No existe realmente.
Puede no identificarse con izquierda o derecha.
Eso es diferente.
Porque decidir:
cuánto redistribuir
qué derechos garantizar
qué impuestos cobrar
qué servicios deben ser universales
qué nivel de autonomía territorial queremos
qué riesgos tecnológicos aceptamos
qué privacidad sacrificamos por eficiencia
qué papel debe tener el mercado
son decisiones políticas.
No existe una API que devuelva:
solución_correcta.jsonUn ingeniero puede decirte cuál es la arquitectura más eficiente para recaudar un impuesto.
No puede decidir científicamente:
cuánto debe pagar alguien.
Eso depende de valores.
Así que el partido tendría ideología
Solo que quizá distinta.
Podría definirse alrededor de principios operativos.
Evidencia.
Libertad.
Equidad.
Responsabilidad.
Transparencia.
Subsidiariedad.
Experimentación.
Sostenibilidad.
Competencia.
Protección social.
Innovación.
Evaluación.
No son soluciones automáticas.
Son reglas para decidir.
Y cuando entren en conflicto:
habrá política.
Porque siempre la hay.
El Parlamento podría convertirse en laboratorio
Imagina otro cambio.
Una ley no se aprueba y después simplemente existe durante quince años.
Se aprueba con:
objetivos
indicadores
datos de partida
mecanismos de evaluación
fecha de revisión
experimentos piloto cuando proceda
y una cláusula clara sobre qué ocurrirá si no funciona
Ley 1.0.
Medición.
Ley 1.1.
Corrección.
No para convertir derechos fundamentales en pruebas A/B.
Sino para reconocer algo bastante evidente:
los gobiernos también se equivocan.
Y tener un sistema que aprende puede ser mejor que uno obligado a fingir que cada ley fue perfecta desde el principio.
Octavo: política como repositorio abierto
Otra locura.
Todo partido publica un programa.
Después llega al Gobierno.
Y cuatro años después discutimos:
“han cumplido”
“no han cumplido”
“depende”
Imagina un programa político versionado.
Cada compromiso:
estado
coste estimado
plazo
indicador
responsable
dependencias
cambios
motivo del cambio
Datos abiertos.
Historial.
Como software.
No:
“prometimos esto pero las circunstancias…”
Sino:
commit 4328
Objetivo modificado.
Motivo.
Informe.
Votación.
Historial disponible.
Y entonces el ciudadano dejaría de votar solamente relatos
Podría votar arquitecturas.
Modelo A.
Modelo B.
Resultados.
Costes.
Trade-offs.
Eso no eliminaría:
populismo
emociones
ideología
propaganda
intereses
Nunca desaparecerán.
Somos humanos.
Pero quizá podríamos aumentar el porcentaje de política basado en:
sistemas que pueden comprobarse.
La revolución no sería tecnológica
Ese es el giro.
Tenemos tecnología suficiente para hacer una parte considerable de esto.
Identidad digital.
Cloud.
APIs.
IA.
Datos abiertos.
Firmas electrónicas.
Automatización.
Sistemas distribuidos.
Analítica.
La dificultad principal probablemente no sería:
cómo.
Sería:
quién acepta perder competencias.
Ahí está el monstruo.
Una reforma real del Estado implicaría que algunas instituciones:
perderían funciones
perderían presupuesto
perderían organismos
perderían cargos
perderían capacidad de decisión
Y los sistemas tienen una habilidad extraordinaria:
defender su propia existencia.
Por eso un partido así tendría que venir de fuera
Al menos esa sería su narrativa.
Ingenieros.
Funcionarios.
Empresarios.
Juristas.
Médicos.
Economistas.
Profesores.
Científicos.
Trabajadores sociales.
Arquitectos.
Expertos en datos.
Especialistas en contratación.
Personas que han tenido que utilizar la máquina.
No necesariamente para sustituir políticos por técnicos.
Eso también sería peligroso.
Sino para introducir una pregunta diferente:
“Si pudiéramos construir esto hoy, ¿lo construiríamos así?”
Si la respuesta es no:
¿por qué seguimos manteniéndolo?
El objetivo no sería un Estado pequeño
Ni grande.
Esta distinción se quedaría corta.
Sería:
un Estado capaz.
Puedes tener un Estado grande e inútil.
Uno pequeño e inútil.
Uno grande y eficaz.
Uno pequeño y eficaz.
El tamaño es una decisión política.
La capacidad es otra cosa.
Que cuando decida:
pueda ejecutar.
Que cuando gaste:
pueda medir.
Que cuando falle:
pueda saberlo.
Que cuando un ciudadano necesite algo:
no tenga que entender el organigrama interno del Estado para conseguirlo.
El ciudadano no debería saber quién tiene la competencia
Esta idea parece una herejía administrativa.
“Eso es competencia autonómica.”
“Eso corresponde al ayuntamiento.”
“Eso depende del Estado.”
Perfecto.
Que lo sepa la Administración.
El ciudadano tiene un problema.
Entra en una única puerta.
El sistema decide internamente:
quién resuelve
quién paga
quién tramita
quién controla
El ciudadano recibe:
estado
plazo
responsable
resultado
No debería necesitar un máster en Derecho Administrativo para pedir una ayuda.
Gobierno como plataforma
Curiosamente, esto ya no es ciencia ficción administrativa.
La propia OCDE utiliza el concepto de Government as a Platform para medir la madurez digital de los Estados, y España obtuvo en 2025 una puntuación de 0,74 en esa dimensión, ligeramente por encima de la media de la OCDE.
La pregunta radical sería:
¿qué ocurre si llevamos esa lógica hasta sus últimas consecuencias?
No varias administraciones ofreciendo portales.
Sino:
una infraestructura pública compartida sobre la que distintas administraciones prestan servicios.
Como Internet.
Nadie necesita saber por qué routers pasó este texto.
Funciona.
¿Podría existir ese partido?
Sí.
Presentarse a unas elecciones es la parte fácil.
Reformar totalmente la Constitución sería otra historia.
El diseño constitucional español obliga deliberadamente a construir un consenso gigantesco para una revisión total: dos tercios de ambas Cámaras, elecciones, una segunda aprobación por dos tercios y referéndum.
Eso implica una realidad incómoda.
Ese partido no podría “refundar España” solo.
Aunque ganara.
Necesitaría convencer a una parte enorme del país y a fuerzas políticas muy diferentes.
Quizá esa sería precisamente su primera prueba.
Si tu arquitectura solo funciona cuando tú tienes todo el poder, probablemente no has diseñado una democracia mejor.
Has diseñado otra cosa.
Tal vez el partido realmente nuevo no sea el que tenga nuevas respuestas
Sino nuevas preguntas.
¿Por qué existe este trámite?
¿Por qué este organismo?
¿Por qué estos datos no se comunican?
¿Por qué compramos así?
¿Por qué medimos esto?
¿Por qué una subvención funciona de esta manera?
¿Por qué el presupuesto tiene esta estructura?
¿Por qué una competencia está aquí?
¿Por qué seguimos haciendo algo porque siempre se hizo así?
Y la pregunta más peligrosa de todas:
¿qué eliminarías si hoy tuvieras que construir el Estado desde una página en blanco?
No para borrar derechos.
No para borrar historia.
No para convertir un país en una startup.
Un Estado no es una empresa.
Los ciudadanos no son clientes.
La democracia no es un dashboard.
Y la eficiencia no es el único valor que importa.
Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario.
Que algo sea público no significa que tenga derecho a funcionar mal para siempre.
Quizá el próximo gran movimiento político no nazca alrededor de:
izquierda contra derecha.
Sino alrededor de otra división.
Los que consideran que las instituciones existentes solo necesitan ser gestionadas mejor.
Y los que creen que algunas necesitan ser:
rediseñadas desde sus cimientos.
La Constitución española nació en 1978.
Internet comercial todavía no existía.
No existían smartphones.
No existía cloud computing.
No existía inteligencia artificial generativa.
No existía identidad digital.
No existían administraciones capaces de intercambiar datos instantáneamente.
Eso no vuelve obsoleta automáticamente una Constitución.
Los derechos fundamentales no caducan porque aparezca un nuevo procesador.
Pero sí abre una pregunta legítima para cualquier generación.
¿La arquitectura institucional diseñada para el siglo XX sigue siendo la arquitectura que queremos para el XXI?
Ese partido no prometería construir el futuro.
Prometería algo bastante menos épico y probablemente bastante más difícil.
Reconstruir la máquina con la que intentaremos llegar hasta él.
