Los vecinos reconocen las mejoras urbanas de los últimos años, pero denuncian amenazas, ocupación de portales y una sensación creciente de inseguridad. Reclaman al nuevo alcalde presencia policial las 24 horas hasta recuperar un barrio «seguro, digno y diverso».
BILBAO. La apertura de expedientes de expulsión a cuatro vendedores ambulantes detenidos en el entorno de San Francisco tras una operación conjunta de la Policía Municipal y la Policía Nacional vuelve a poner el foco sobre la convivencia y la seguridad en uno de los barrios más controvertidos de Bilbao.
La actuación policial se produce en un contexto de malestar vecinal que, según residentes de la zona, va más allá de la venta ambulante. Los testimonios recogidos apuntan a problemas de ocupación de portales, enfrentamientos cuando se reclama el paso y una percepción de inseguridad que, aseguran, condiciona su vida cotidiana.
«Llevamos tres años viendo mejoras en el barrio. Han mejorado el firme y las aceras, y han puesto farolas que quizá no sean tan bonitas como las de Iparraguirre. Pero lo peor no es que haya diferencias entre barrios», explica una residente.
La vecina cuestiona también los criterios de diseño y mantenimiento del espacio público. «Bilbao es una ciudad pequeña y no tiene ningún sentido establecer estas distinciones en el mobiliario urbano. Todos pagamos impuestos y todos deberíamos tener derecho a unas calles cuidadas y dignas».
«La diversidad sí, pero bien integrada»
Las críticas vecinales se centran especialmente en la concentración de personas en determinados espacios del barrio. Algunos residentes describen una presencia habitual de grupos de origen magrebí y africano, una situación que interpretan como un problema de segregación y convivencia.
«Estos años vemos cómo se congregan grupos de personas de origen magrebí y africano, como si esto se estuviera convirtiendo en un gueto legal. La diversidad, sí, pero repartida e integrada bien», sostiene la residente.
El testimonio refleja una preocupación por la distribución de la población y el uso de los espacios comunes, aunque la percepción de concentración por origen no demuestra por sí misma la existencia de un problema delictivo. La cuestión central que plantean los vecinos es si las instituciones están respondiendo con suficiente eficacia a los conflictos concretos que denuncian.
«Estamos hartas de subir a casa con miedo. Se ponen en nuestros portales y, si decimos algo, nos amenazan. No puede ser que una persona tenga que pensárselo dos veces antes de pedir que respeten la entrada de su propia casa», añade.
Estas acusaciones requieren comprobación individual y, cuando proceda, denuncia ante las autoridades. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad que describen los residentes constituye una reclamación que las instituciones locales no pueden resolver únicamente con mejoras estéticas o actuaciones puntuales.
«Presumimos de hidrógeno y computación cuántica, pero esto sigue pasando»
El malestar se extiende a lo que los vecinos consideran una contradicción entre la imagen de modernidad que proyecta Bilbao y los problemas cotidianos que persisten en determinadas calles.
«¿Cómo es posible que en 2026, cuando decimos que somos la mejor ciudad del mundo y presumimos de invertir en hidrógeno y computación cuántica, siga pasando esto? Podemos hablar de innovación, de tecnología y de proyectos de futuro, pero también tenemos que garantizar que una mujer pueda entrar en su portal sin miedo», afirma la residente.
La comparación resume una de las principales críticas al modelo de ciudad: el desarrollo económico y tecnológico pierde credibilidad ante quienes consideran que las necesidades más básicas de seguridad, mantenimiento y convivencia no están suficientemente atendidas.
Un operativo 24/7 como exigencia al nuevo alcalde
La petición vecinal es concreta: establecer un dispositivo permanente de vigilancia en los puntos más conflictivos de San Francisco, con presencia policial continuada, respuesta rápida ante amenazas y seguimiento de las incidencias.
«Basta. El nuevo alcalde tiene que montar aquí un operativo 24/7 hasta que recuperemos nuestro Bilbao: seguro, digno y diverso», reclama la residente.
La propuesta abre el debate sobre la duración, los recursos y los objetivos de una intervención de estas características. Un dispositivo permanente exigiría definir zonas prioritarias, coordinar a los cuerpos policiales, registrar las incidencias y evaluar periódicamente sus resultados. También debería distinguir entre infracciones administrativas, conflictos de convivencia y hechos delictivos, aplicando a cada situación la respuesta legal correspondiente.
La operación contra los vendedores ambulantes puede ser una intervención concreta dentro de esa estrategia, pero no basta por sí sola para determinar si existe una mejora sostenida de la seguridad.
La demanda de los vecinos apunta, en definitiva, a una cuestión que trasciende la retirada de mercancía o el acondicionamiento de las calles: que la recuperación urbana se traduzca también en convivencia, seguridad y respeto efectivo por quienes viven en el barrio.
San Francisco no necesita elegir entre diversidad y seguridad. La exigencia vecinal es que ambas sean compatibles y que las administraciones garanticen las condiciones necesarias para que así sea.
